Me da en la nariz que cualquier solución que se pueda encontrar para los secuestrados del Alakrana va a hacer un costurón en el traje del Estado que no lo va a poder arreglar ni un sastre ni un zapatero remendón.

Porque lo que está teniendo de importante esta crisis es que nos pone delante de un espejo en el que reconocernos a partir de ahora va a ser muy dificil. Al haber hecho pública y mediática no sólo la situación, sino el seguimiento diario y la posible solución, nos encontramos con muchas preguntas encima de la mesa que en una situación manejada de otra forma no nos asaltarían públicamente.

A mi se me ocurren varias:

El Gobierno está negociando con piratas. Este es un hecho irrefutable desde que Moratinos dijo que se estaba buscando una solución diplomática a la crisis. Es decir, ya no hay disimulos. Producto de la presión pública y ante la posibilidad de tener cadáveres encima de la mesa, el gobierno ha dejado su neutralidad aparente (y repito de lo aparente, porque en el asunto del Playa de Bakio siempre se negó rescate), para arremangarse y enfangarse en una negociación con clanes de señores de la muerte a los que ahora les llamamos interlocutores cuando no ministros.

Pues bien… ¿Es lícito que nuestro gobierno negocie con criminales?. ¿Y con que criminales puede negociar y con cuales no?.

Hasta aquí todo es meridianamente soportable porque la respuesta sería moralmente aceptable: Nuestro gobierno puede negociar dinero a cambio de vidas humanas. Nadie en su sano juicio negaría eso. Yo no, y eso que el juicio no se si lo tengo sano.

Ahora bien. El problema es que los piratas somalíes no piden sólo dinero, sino la puesta en libertad de dos piratas encarcelados en España por la Audiencia Nacional que les acusa, en virtud del principio de Justicia Universal, de delitos muy gordos.

Y aquí se armó la de san quintín, porque cualquier artimaña legal para lograr ni siquiera acercar a los detenidos a Somalia pone en riesgo la propia arquitectura legal del Estado. Nos tenemos que saltar las leyes vigentes para hacerlo y todo lo que se está haciendo en este sentido ni tiene que ver con el deseo de justicia ni siquiera con la resolución de la crisis, porque de lo que se trata es de construir algo para que esa decisión arbitraria e ilegal en nuestro ordenamiento jurídico actual pueda tomarse sin que se lleve por delante a quien la va a tomar.

Las vías pasan por celebrar un juicio rápido sin legislación que lo ampare, donde las partes estén de acuerdo en los resultados. (imagínense que al abogado defensor le da por recurrir el procedimiento en base al cachondeito habido con que si es menor o mayor o le da por decir que son inocentes o que el procedimiento de detención fue tal o cual). Cualquier juicio rápido llevará semanas a no ser que nos tapemos la cara de vergüenza y lo convirtamos en un caso cuasi de conciliación donde se resuelvan penas que pueden llegar a los doscientos años de cárcel.

Pero cualquier entrega de los condenados a Somalia, bien para cumplir las penas o bien para que puedan ser juzgados allí,  pasa por un tratado de extradición que hoy no existe, que se firmaría expreso saltándose a la torera los procedimientos legales y administrativos que sustentan la aprobación de este tipo de convenios, con un Estado, el Somalí, que no existe, con un Gobierno que no existe, con un país que no garantiza justicia alguna porque no puede e incapaz de garantizar que la pena impuesta sea cumplida  y, de remate, saltándonos el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en nuestra Constitución.  Y todo esto en el plazo de una semana. Si alguien cree que en una situación normal firmaríamos un convenio de extradición con Somalia es que está loco de remate.

Así que cualquier vía que se tome, el gobierno ya puede ir asumiendo que el zurcido político que va a tener que hacer es de los que hacen época, porque…

¿Y la próxima vez?.

¿Y si en vez de piratas….?

¿Y si en vez de marineros….?

¿Y si el precio no es dinero…?

Pues eso. Paradojas de la vida, 30 piratas somalíes nos han puesto el estado patas arribas.

Pd. Y que nadie se equivoque, que a este paria le importa más la vida que las consecuencias legales y jurídicas. Pero de las de todos, marineros o no.