BSO: Wind up workin in a gas station. Frank Zappa

Hay un refrán que dice “Reunión de pastores, oveja muerta”. Cada vez que se reune nuestra ministra del copyright con la guardia civil y las sociedades de gestión a celebrar que han cerrado varias páginas según ellos ilegales, hay una oveja muerta.

Esta vez la oveja se llama Ley de Impulso a la Sociedad de la Información, a la que, por difunta antes de nacer, la deberían ir buscando otro nombre.

Muchos de nosotros, ya denunciamos hace meses la ambiguedad de uno de los artículos que aparecían en la ley: concretamente el que hacía referencia a “la autoridad competente“. Se nos contó que no, que era inequívocamente un juez al que hacían referencia, o a las autoridades administrativas de las comunidades autónomas en base a sus competencias para retirar, por ejemplo, anuncios de fármacos fraudulentos.

Pues resulta que de rondillo, de tapadillo, sin avisar al Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información ni a las asociaciones de usuarios, el gobierno va a aprobar, si la autoridad y el tiempo lo permiten, el próximo viernes, un anteproyecto de Ley con un nuevo artículo, el 17 bis, en el que pretenden que las operadoras de internet deberán convertirse en agentes del orden, y se faculta a las sociedades de gestión a convertirse en jueces que decretan lo que se cierra y lo que no.

En el procedimiento explicado en el 17 bis, no aparece autoridad judicial alguna. De la denuncia al cierre, todo se queda entre operadora, cliente y sociedad de gestión.

Para que las operadoras detecten que material es supceptible de ser contrario a la ley habrán de violar tu intimidad y el secreto de las telecomunicaciones. Dos derechos fundamentales que se van a tomar por culo.

El dictamen del Consejo de Estado es claro:

…el anteproyecto regula mecanismos de información a los titulares de derechos de propiedad intelectual por parte de los prestadores de servicios, llegando, por ejemplo, incluso obligar a las entidades de gestión a identificar a cualquier titular de un ordenador (todos quienes están conectados a una red tienen una dirección IP) que tenga 10 o más ficheros (normalmente serán canciones o películas) en ficheros de acceso público, para que demuestre que el contenido no está puesto a disposición de modo ilícito (lo cual a veces puede ser no intencionado al tratarse de mecanismos que pueden ponerse en funcionamiento casi automáticamente al cargarse algunos programas de software).

Para detectar que esos diez ficheros o más no es software libre o programas de distribución lícita habrá que dar una patada en tu puerta o disco duro y mirar lo que tienes. Osea, que ya tenemos la Ley Corcuera que todo gobierno socialista promueve. Cojonudo.

…Como ya se ha señalado en los antecedentes (tercero) y en las consideraciones de este dictamen ( apartado II) relativas a la tramitación, este artículo 17 bis ha estado ausente del texto hasta muy avanzada la tramitación del mismo por lo que ciudadanos y organizaciones cuyos intereses pueden ser contrarios al reforzamiento que de los mecanismos para combatir ilícitos se establecen en este artículo 17 bis no han podido opinar acerca de su oportunidad o de posibles medidas alternativas menos restrictivas de la libertad de uso de Internet. Al parecer ha sido introducido a solicitud de la Sociedad General de Autores y Editores para cubrir un �??vacío legal�?� existente, segú n ella, en la LSSI. De hecho, este sistema regulado por el artículo 17 bis introduce el mecanismo denominado, en el sector �??de notificació n y retirada�?� ( o NTD) que la Directiva 2000/31/CE no contempla, aunque tampoco su espíritu es contrario a su introducción por los Estados miembros ( de hecho existe alguna variante del mismo en Francia, Finlandia e Islandia). Por lo demás, tampoco consta en el expediente que este artículo haya sido notificado, al menos todavía, a la Comisión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE.

Queda confirmada que nuestra sospecha y suspicacias, que produjeron cierta tensión en la red (véan sino el guirigay que montaron Netoratón y Enrique Dans): nuestros legisladores están vendidos a las sociedades de gestión, entidades que defienden derechos particulares y no generales, y que se habrán convertido en los censores privados de Internet de llegar a aprobarse esta ley.

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